Martes 7 de octubre de 2008
Intervención del Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Francisco Cuevas Godínez, en el Panel “Cultura de la Legalidad y Órganos Jurisdiccionales”, del Primer Congreso Internacional “Cultura de la Legalidad y Políticas Públicas en el Estado Democrático de Derecho”, efectuado en la Secretaría de Gobernación, el 7 de Octubre de 2008.
Muy buenas tardes.
Señoras y señores.
En primer lugar, quiero agradecer al Secretario de Gobernación, licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, la invitación para participar en este Primer Congreso Internacional “Cultura de la Legalidad y Políticas Públicas en el Estado Democrático de Derecho”.
Hoy más que nunca, ante los grandes retos que enfrenta el país, la cultura de la legalidad, entendida como imperio de la ley pero también como obediencia de la misma, se convierte en piedra angular del Estado Democrático de Derecho.
La cultura de la legalidad está implícita en la definición del Estado de Derecho. No puede hablarse de cultura de la legalidad sin un Estado subordinado al orden jurídico, sin una sociedad que conozca y cumpla las leyes, y sin órganos del Estado encargados de dirimir las controversias que se susciten en la aplicación de la ley.
Sin embargo, aun cuando se tengan los elementos antes señalados, no podemos hablar de una verdadera cultura de la legalidad sin la confianza tanto de los ciudadanos en sus autoridades, como de éstas en la sociedad a quien gobiernan. En pocas palabras, el concepto de cultura de la legalidad está sustentada en el concepto de confianza.
Por ello, la confianza de los justiciables en los órganos que imparten justicia es indispensable para consolidar la cultura de la legalidad. En la sociedad contemporánea es fundamental que los ciudadanos confíen en las instituciones de impartición de justicia. Nada genera mayor seguridad en un gobernado que tener una atención pronta y eficaz ante la pretensión del Estado de afectar sus intereses.
La confianza no es un concepto abstracto, alejado de la realidad social. Por el contrario, es un elemento fundamental para la acción del Estado, y para construirla sólo se requiere cumplir con la ley.
En el ámbito de los órganos jurisdiccionales la confianza se adquiere a través de sentencias que se emiten día a día, y éstas legitiman al órgano cuando son congruentes, sólidas, contundentes pero, sobre todo, cuando se apegan a Derecho.
¿Cuál sería, desde mi punto de vista, y de lo que yo puedo compartir con ustedes, la aportación que ha hecho el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la cultura de la legalidad en nuestro país? Yo podría resumir la aportación del Tribunal que me honro en presidir en los siguientes aspectos.
En primer lugar se debe destacar el aspecto de la confianza, porque desde su creación hasta nuestros días, el Tribunal ha sabido mantener la confianza de los Poderes constituidos, pero sobre todo de los justiciables. Respecto de los Poderes constituidos yo les podría decir que a lo largo de sus setenta y dos años de existencia al Tribunal, la ley que regula su competencia se ha modificado únicamente para ampliarla, pero jamás, jamás para restringirla.
Y podríamos hablar de tres etapas muy claras en la vida de la competencia del Tribunal. La primera que tiene que ver cuando se refería únicamente a la materia fiscal y que se denominaba Tribunal Fiscal de la Federación. Posteriormente inicia la segunda etapa cuando al Tribunal se le amplía su competencia en materia administrativa, y en el año 2000 se le cambia su nombre por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Y finalmente, en una reforma constitucional del año pasado, el Tribunal entra a una siguiente etapa en la vida de su competencia, en donde no solamente ya dirime las diferencias de la administración pública federal, sino que ahora también vamos a conocer de los actos de la Auditoría Superior de la Federación.
Esto, en pocas palabras, es confianza en un órgano de los Poderes constituidos para conocer y resolver, desde un punto de vista jurisdiccional, de diferentes asuntos y de diferentes materias. Pero respecto de los justiciables, yo hoy puedo compartir con ustedes que el Tribunal, derivado de una reciente encuesta que se hizo en la institución, el Tribunal goza de la confianza de los justiciables en un noventa y nueve por ciento de los que acuden a pedir justicia en él. Es decir, el noventa y nueve por ciento considera que somos un Tribunal honesto y confiable.
Y en un ochenta por ciento los justiciables conocen perfectamente sus derechos y obligaciones de los asuntos que se ventilan en el Tribunal. Pero además hay otra aportación del Tribunal que tiene que ver con el orden económico y social. El Tribunal tiene una gran importancia desde el punto de vista económico y social, ya que sus fallos inciden directamente en los ingresos de la población y de sus familias, siendo la instancia natural con la que el gobernado cuenta para recurrir los actos de la actividad del Estado que tienen que ver con el cobro de impuestos.
En este contexto me voy a permitir compartir con ustedes algunos números. En el año 2007, el monto económico que se litigaba en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ascendía al orden de 293 mil millones de pesos, los cuales si se resuelven por el lado del particular pues, obviamente, generan empleos y generan desarrollo económico.
Y si es por el lado del gobierno genera bienes públicos como servicios y obras. Pero ¿qué significa esta cantidad en términos reales? Esta cantidad en el año 2007 es el equivalente al 2.6 del PIB, al 13.1 por ciento del PEF de 2007 y, para hacerlo de una manera más congruente, se refiere más o menos a ocho veces el Programa Oportunidades.
En el aspecto social de la aportación del Tribunal, y con esto voy a concluir dada la cuestión del tiempo, desde el punto de vista social el Tribunal es una institución fundamental para mantener la paz social. Algunos historiadores del siglo pasado como Brinton y Mallman observaron, al hacer un estudio comparativo de los levantamientos sociales triunfantes en los Estados como Inglaterra, Francia y Rusia, que el detonador común de la inconformidad social, generada por la recaudación injusta de impuestos por parte del Estado pero, sobre todo, es por la inexistencia de una instancia a la que los inconformes pudieran recurrir en demanda de justicia.
Desde su nacimiento en 1936, el Tribunal ha contribuido a atemperar esta necesidad social, ya que este detonador que surge cuando el gobernado se siente indefenso ante los actos del Estado que afectan directamente su patrimonio, precisamente, son los asuntos que se resuelven en la competencia del Tribunal.
Finalmente, yo como podría concluir, dada la premura del tiempo, yo lo que les podría señalar es que resulta fundamental en un Estado de Derecho, en un Estado Democrático de Derecho, la intervención y el trabajo que desarrollan los órganos jurisdiccionales . Si no existiera la instancia que dirima las controversias y que garantice la aplicación de la ley, la cultura de la legalidad no se fortalecería como se está buscando.
Por eso yo celebro, y agradezco a la Secretaría de Gobernación , que se lleven a cabo estos foros, porque la cultura de la legalidad es fundamental para la consolidación de un Estado Democrático de Derecho.
Muchas Gracias.
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