Miércoles 7 de enero de 2009
Versión estenográfica del informe anual 2008 del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Magistrado Francisco Cuevas Godínez, celebrado esta mañana.
Licenciado Miguel Alessio Robles, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y representante personal del Presidente de la República; Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del consejo de la Judicatura Federal; Diputado César Duarte Jaquéz, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Doctor Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda y Crédito Público; señor Ministro Mariano Azuela Huitrón; señor Ministro Sergio Vals Hernández; señoras y señores servidores públicos de los Poderes de la Unión, señoras y señores Magistrados del Pleno de la Sala Superior; señoras y señores Magistrados de las Salas Regionales de este Tribunal; señoras y señores:
Agradezco al representante del señor Presidente de la República, a los señores presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como al Secretario de Hacienda y Crédito Público, y a los señores ministros su asistencia a la presentación del informe que debe rendir cada año al Pleno de la Sala Superior el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Su presencia nos honra y, sobre todo, destaca la importancia que los Poderes de la Unión prestan en la impartición de justicia en nuestro país como corresponde al régimen republicano y democrático en que vivimos.
En nombre de mis compañeros magistrados y de todos los servidores públicos de esta institución, doy a ustedes la más cordial bienvenida.
Señor Consejero Jurídico, haga usted llegar al señor Presidente de la República nuestra total solidaridad con las acciones anunciadas el día de hoy, mediante las cuales nuestro país enfrentará los efectos del entorno económico internacional, motivo por el cual le impidió estar el día de hoy, aquí con nosotros.
Esta es la primera ocasión en que un Presidente electo por el Pleno de la Sala Superior para un período de tres años, de conformidad con el Artículo 30, fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal, presenta su informe de gobierno.
Agradezco a mis compañeros magistrados del Pleno de la Sala Superior, su confianza al haberme elegido como Presidente del Tribunal y más aún, su apoyo durante el desempeño de esta delicada función.
Reitero ante todos ustedes mi compromiso de trabajar hasta el límite de mis capacidades para cumplir con la elevada responsabilidad que se me ha encomendado.
De conformidad con el Artículo 41, fracción XXXII de nuestra Ley Orgánica, hace dos días se envió al Ejecutivo Federal y por conducto de la Comisión Permanente al Congreso de la Unión, la memoria sobre el funcionamiento del Tribunal, correspondiente a 2008, elaborada por la Junta de Gobierno y Administración.
En la memoria, que también ha sido entregada a los integrantes del pleno de la Sala Superior, se describen, con toda precisión, las acciones emprendidas y los resultados obtenidos en un año de intenso trabajo, tanto en la función jurisdiccional como la de gobierno y administración, destacando lo siguiente.
Durante este período culminó el proceso de nombramientos de magistrados para cubrir tres vacantes en la Sala Superior, seis en salas regionales y cuatro de magistrados supernumerarios.
Agradecemos, al Ejecutivo Federal y al Senado de la República que en todos los casos de nombramientos hayan recaído en servidores públicos de este Tribunal. Además, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración, el pleno ampliado de la Sala Superior aprobó las propuestas de candidatos para ocupar 16 vacantes de magistrados: Una en la Sala Superior y, 15 en las salas regionales, mismas que fueron sometidas a la consideración del presidente de la República.
Tanto la evaluación, como la aprobación de estas propuestas se basan estrictamente en elementos objetivos de desempeño, conocimiento y experiencia como manda la ley, en el entendido de que el Tribunal será siempre respetuoso de los nombramientos que realice el Ejecutivo Federal y el Senado de la República.
Durante el período que se informa, el pleno de la Sala Superior examinó 987 asuntos, 60 por ciento más que el año anterior, y resolvió 731, es decir 46 por ciento más que el año pasado.
Como resultado de su labor jurisdiccional, el pleno de la Sala Superior emitió 23 jurisprudencias, más del doble que las del año anterior. En la primera sesión de la Sala Superior se presentaron 782 asuntos, 42 por ciento más que durante el período anterior y, se resolvieron 691, es decir 56 por ciento más que el año pasado. Las jurisprudencias emitidas por esta sesión, fueron ocho.
La segunda sesión de la Sala Superior examinó 778 asuntos, 27 por ciento más que el año anterior y, resolvió 674, es decir 58 por ciento más que el año pasado. Las jurisprudencias emitidas por esta sesión fueron 12.
Las 41 salas regionales del país dieron ingreso a 136 mil 328 demandas nuevas, que sumadas, al inventario inicial, ascendieron a 254 mil 124 asuntos.
Es importante destacar que durante el año que se informa, se consiguió un número de asuntos superior al ingresado, con lo que no sólo alcanzamos el punto de equilibrio, sino que rompimos una inercia de mucho tiempo y comenzamos a abatir el rezago.
En concreto, logramos concluir 147 mil 537 asuntos, es decir 8.2 por ciento más que los ingresados. En este mismo lapso, el monto del interés económico de los juicios resueltos en todo el Tribunal ascendió a 73 mil 421 millones de pesos.
Debo aclarar que esa cantidad representa el 20 por ciento de 375 mil 824 millones de pesos, monto que corresponde al 66 por ciento de los asuntos que se ventilan en el Tribunal y que se tienen cuantificados.
La Junta de Gobierno y Administración quedó instalada por primera vez el 6 de junio de 2008 por decisión del pleno ampliado de la Sala Superior; la intensa actividad de este órgano colegiado se refleja en que, a seis meses de su creación ha sesionado en 26 ocasiones, prácticamente una vez por semana.
Durante este tiempo dictó 76 acuerdos generales y 17 específicos, de los cuales 68 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.
A inicio de 2008, con el propósito de conocer con precisión, la dimensión de la tarea que debíamos enfrentar, se realizó un diagnóstico sobre la situación en que se encontraba el Tribunal.
El análisis nos reveló que los justiciables tienen un alto grado de confianza en la institución. Al mismo tiempo, resultó preocupante en ciertos aspectos, como la dilación en el desahogo de los asuntos y los altos inventarios de asuntos sin resolver.
Se hizo evidente la necesidad de revisar los métodos tradicionales con la gestión de la justicia administrativa federal, el origen de los altos inventarios en el Tribunal es de naturaleza multifactorial y tiene causas internas y externas.
De ser un Tribunal Especializado en Materia Fiscal, hemos pasado a resolver las controversias de carácter administrativo que se suscitan entre los particulares y la administración pública federal y a partir de la reforma constitucional de mayo de 2008 el Tribunal también conocerá, de manera efectiva, de las impugnaciones contra actos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.
No obstante, el crecimiento de la estructura jurisdiccional del Tribunal no ha sido proporcional con la ampliación de su competencia. Tan sólo un dato.
Durante 1998, al Tribunal ingresaron 40 mil nuevas demandas y contaba con 30 salas regionales. 10 años después, en 2008, ingresaron 136 mil nuevas demandas a las 41 salas regionales que hoy tiene el Tribunal.
De esta manera, durante los últimos 10 años el número de nuevas demandas se incrementó en 240 por ciento, mientras que la estructura jurisdiccional aumentó tan sólo un 37 por ciento.
Además del aumento de la competencia, el número de asuntos se ha incrementado notablemente por una mayor capacidad de la Administración Pública para emitir actos.
También, debido al fortalecimiento de nuestra democracia los ciudadanos conocen cada vez más sus derechos y están dispuestos a defenderlos ante los tribunales
Por otra parte, en el diagnóstico se detectó que la estructura jurisdiccional del tribunal no permite resolver con oportunidad la creciente demanda de justicia, por su rigidez, por la falta de presencia en 11 entidades federativas y por la desigual distribución de las cargas de trabajo.
Asimismo, advertimos la necesidad de revisar la plataforma tecnológica, la capacitación y actualización del personal, los esquemas administrativos y presupuestales, los métodos de evaluación y sistemas de remuneración, así como los instrumentos de vigilancia y sanción.
La situación descrita conspiraba contra la visión de una institución de justicia acorde con un estado democrático de derecho y con los imperativos del área del conocimiento en sus avances tecnológicos.
Ante este escenario, la Presidencia y los órganos superiores del Tribunal decidimos aplicar medidas inmediatas que resolvieran los problemas coyunturales, y al mismo tiempo, impulsar las reformas necesarias para dar certeza, claridad y agilidad a los procedimientos del Tribunal en un horizonte de por lo menos 30 años.
La premisa fundamental de los cambios que estamos emprendiendo es prestar un servicio de excelencia a los justiciarios, garantizando en todo momento un acceso total a la justicia. Al agilizarse las resoluciones del Tribunal se fortalece el estado de derecho y al definirse con oportunidad el interés económico de los asuntos en litigio se contribuye al desarrollo del país.
En abril de 2008 se puso en marcha el programa emergente para enfrentar el rezago, enfocando los esfuerzos e incluso a las que en conjunto acumularan el 60 por ciento del inventario de asuntos del tribunal, 11 en el Distrito Federal, 3 en la región Hidalgo, México y 1 en Tijuana Baja California.
Se solicitaron y se obtuvieron apoyos para reforzar las salas mencionadas con secretarios de acuerdos, actuarios, oficiales jurisdiccionales y archivistas. Con la esmerada aplicación del programa por el personal jurisdiccional, su objetivo se cumplió con creces.
Al mes de noviembre, el rezago se redujo 12 por ciento en promedio
El tiempo para emitir demandas nuevas y resolver sobre medidas cautelares disminuyó de 20 a un máximo de 5 días hábiles.
Hago un reconocimiento especial a los magistrados y servidores públicos de las salas que se incorporaron al programa, así como al personal de las salas de Puebla, Jalapa, Morelia y Cancún, que han apoyado decididamente estas acciones.
Con espíritu solidario nuestros compañeros de todo el país comprendieron que el rezago no sólo es un problema de ciertas salas sino de toda la institución.
En respuesta a una histórica y creciente demanda del foro en materia de propiedad intelectual y en atención a la necesidad de especialización que requiere la atención de estos asuntos, el 5 de marzo de 2008 se creó la Primera Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual.
Esta Sala entró en funciones hace dos días y tiene competencia en todo el territorio nacional; el personal que la integra fue seleccionado estrictamente conforme a sus conocimientos y experiencia en la materia.
No tengo ninguna duda en afirmar que el activo más importante del tribunal son sus servidores públicos, por ello impulsar su preparación y actualización es una tarea insoslayable.
Con este propósito suscribimos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el cual la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho imparte, desde el mes de agosto del 2008, una Maestría en Derecho con dos orientaciones: Una fiscal y otra administrativa. Ambas son presenciales y se imparten en estas instalaciones.
La de orientación administrativa puede cursarse a distancia mediante teleconferencias en cinco salas foráneas, se trata, de la primera Maestría que imparte la Facultad de Derecho de la UNAM fuera del Distrito Federal con esta tecnología, que en nuestro caso es aportada por este tribunal.
En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estamos comprometidos con la transparencia y a la rendición de cuentas, componentes distintivos de un estado democrático.
Por ello nos congratulamos de ser el primer órgano jurisdiccional del país en adoptar el mecanismo de transparencia que impulsa el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública denominado INFOMEX.
En el periodo que comprende este informe hemos implantado un sistema de control presupuestal que vincula el ejercicio del gasto con el cumplimiento de metas programáticas.
Asimismo, en los últimos meses hemos reducido los costos por participaciones en eventos nacionales e internacionales, uso de vehículos y combustible, telefonía y papelería, consumo de energía y agua potable, entre otros. Pueden ustedes confiar en que los servidores públicos del Tribunal estamos comprometidos con elevar la calidad y la productividad, haciendo rendir más nuestro presupuesto.
El presupuesto del Tribunal para el ejercicio fiscal 2009 considera la estructura necesaria para el cumplimiento de las funciones que le fueron encomendadas a este órgano jurisdiccional con la expedición de la nueva Ley Orgánica.
De esta forma contamos con los recursos necesarios para crear en este año 3 nuevas salas en las regiones del país donde la demanda de servicios es más apremiante.
Agradezco cumplidamente al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados su decidido apoyo con la aprobación de nuestro presupuesto para 2009.
De acuerdo con los resultados de la consulta nacional para una reforma integral y completa del sistema de justicia del estado mexicano realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos jurisdiccionales deben aplicar los avances tecnológicos para hace más eficiente la tramitación de juicios.
Conforme a la política del gobierno federal de transformar a las instituciones para servir mejor a los mexicanos, hemos propuesto crear un mecanismo que permita la impartición de justicia pronta y expedita como lo manda literalmente la Constitución a través del uso de tecnologías de la información y comunicaciones mediante el desarrollo y operación del juicio en línea.
Para los justiciables significará acceso completo a la justicia administrativa ya que podrán substanciar el juicio vía Internet de manera segura desde la presentación de la demanda hasta que se dicte sentencia e ingresar a su expediente las 24 horas del día.
Para el Tribunal representará mayor eficiencia y calidad en la función jurisdiccional ya que se reducirán los tiempos de trámite administrativo y se incrementarán los de estudio y análisis jurisdiccional.
Se hará más eficiente la toma de decisiones, pues el juicio en línea permitirá contar con una fuente integral, permanente e inmediata de información para la planeación y la medición objetiva del desempeño.
Con los avances que ahora tenemos estamos en condiciones de poner en funcionamiento el juicio en línea en 18 meses una vez que se obtenga la aprobación presupuestal correspondiente.
Desde luego, el juicio en línea coexistiría como juicio tradicional a elección del justiciable.
En suma, el objetivo es generar un bien público que contribuya a prestar un servicio de excelencia con una visión de largo plazo y que pueda ser reproducido en otros tribunales del país.
Adicionalmente, estamos analizando otras medidas, como el juicio sumario, mecanismos de justicia alternativa, la resolución de controversias por reiteración de criterios, los efectos extensivos de las sentencias, así como el rediseño y redistribución de los órganos jurisdiccionales del Tribunal.
En su momento se propondrán ante las instancias competentes los anteproyectos de iniciativas legislativas correspondientes.
Señoras y señores:
Como sabemos, el estado de derecho se crea a través de la función legislativa, se actualiza mediante la función ejecutiva y se consolida y fortalece en el ejercicio de la función jurisdiccional.
En este Tribunal estamos decididos a contribuir al fortalecimiento del estado de derecho como condición de certidumbre para la sociedad democrática y justa que demandan los mexicanos. Una sociedad en la que el acceso a la justicia sea igual para todos y su impartición sea pronta y expedida.
En nombre de mis compañeros magistrados y de todo el personal que labora en este Tribunal les aseguro que sabremos cumplir la parte que nos toca en la transformación del país.
Muchas gracias.
-- Dirección General de Comunicación Social --